Los padres que piden clases en castellano en Cataluña se sienten abandonados por Educación

Pese al decreto aprobado por el Gobierno para garantizar la educación bilingüe, los trámites son en la práctica tortuosos

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Barcelona.- Las familias de Cataluña que han solicitado la escolarización bilingüe para sus hijos se sienten abandonadas por el Ministerio de Educación después de que hace unos meses el Gobierno legislara para permitir que los padres que así lo desearan pudieran exigir que sus hijos recibieran clases en castellano. Tal y como publica ‘eldiario.es’, las asociaciones que luchan por la educación bilingüe denuncian que el departamento que dirige José Ignacio Wert no les está respaldando y que los procesos son largos y tortuosos, en una lucha desigual contra la Generalitat.

El pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó el decreto por el que garantizaba la educación en castellano en todo el país. La norma obliga a los colegios públicos a aumentar su oferta de clases en castellano si así lo solicita alguna familia. Si esto no ocurre, la familia tiene la posibilidad de matricular a su hijo en un centro privado. De darse este caso, la factura se le descuenta a la Generalitat de las transferencias que le realiza el Estado (el importe se ha fijado en 6.000 euros por alumno y año).

El decreto garantiza sobre el papel a las familias que sus hijos podrán recibir clases en castellano. Pero el camino real es tortuoso, los plazos largos y Educación no se implica, lamentan las familias. Primero hay que solicitar al colegio (a la Generalitat) las clases en castellano. Ésta tiene tres meses para responder. Primer obstáculo. «En muchos casos ya se han cumplido los plazos y no hay respuesta», afirma presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe de Cataluña, Ana Losada. «Hemos planteado recursos de alzada, y tampoco», añade.

Luego, con ese supuesto rechazo es cuando se puede ir al Ministerio a exigir la vía del colegio privado. Educación tiene seis meses para responder. «¡Son dos tercios del curso!», se indigna José Antonio Martínez, secretario de Convivencia Cívica Catalana. Con lo que para las familias sólo quedar jugársela, hacer el traslado y adelantar el pago hasta que su expediente sea aprobado y Educación reembolse el dinero. Para muchos padres es un obstáculo insalvable de inicio.

Por un lado, por lo evidente. «Muchos no nos lo podemos permitir», explica un padre de familia que prefiere mantenerse en el anonimato. Y menos ahora, con unas elecciones a la vista. «¿Y si hay un cambio de Gobierno y al final tengo que asumir el coste?», se pregunta. O si la petición resulta rechazada. Y luego, por cuestiones prácticas. «Yo no tengo por qué cambiar a mi hija de su sistema escolar, de su entorno, para llevarla a otro centro», argumenta Losada. «En muchos centros, como Lérida, no hay colegios privados que ofrezcan clases en castellano», añade Martínez.

El Ministerio no ha resuelto aún ninguno de los expedientes. Tiene seis meses para estudiar los expedientes y comprobar si cumplen los requisitos que exige el Real Decreto que los regula. De momento, según el ministerio sólo 35 cumplen la normativa. Y de ellos solo tres son de Cataluña, añaden. Del resto, la mayoría provienen de Valencia (25 solicitudes), cuatro de Galicia y tres de las Islas Baleares.

Y mientras los expedientes se acumulan en Educación, las familias aseguran que sufren las consecuencias de nadar contracorriente. «El sistema está montado de manera que a quienes pedimos esto nos ponen en contra a todo el colegio», cuenta Losada. A un asociado de la Asamblea que obtuvo una sentencia favorable a la enseñanza en castellano la directora de su centro le señaló ante los demás padres como responsable de que sus hijos iban a tener un peor nivel de catalán. «Yo fui a esa reunión. Algunos padres se encendieron», recuerda Losada.

En muchos casos el último recurso es acudir a los tribunales. Pero esto ya es un paso más grande y «muchos se quedan por el camino», señalan desde la Asamblea por la Escuela Bilingüe de Cataluña.

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